60 días de cárcel antes de ser expulsados de España, medidas más fuertes para la denominada reunificación familia, más exigencias para pedir asilo, multas y sanciones más drásticas para las empresas que contraten personas denominadas “sin papeles”, hacen parte del nuevo plan del Gobierno de este país para detener el ingreso de nuevos inmigrantes. La reforma a la Ley ya fue aprobada y solo quedó para debate en el parlamento. Una de las comunidades que será más fuertemente golpeada por esta norma serán los latinoamericanos que conforman una de las poblaciones más altas de inmigrantes en este país. Tan sólo los ciudadanos de Ecuador, Colombia y Bolivia representan a 940 mil habitantes.

 

Con la nueva norma se aumenta el período de retención de inmigrantes ilegales, previo a su expulsión, de 40 a 60 días y crea un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en España. Cuando se libren órdenes de expulsión, éstas podría incluir la concesión de un plazo de hasta 30 días para el abandono voluntario del país y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

 

Con casi cuatro millones de desocupados, España es la economía más castigada de la Unión Europea por el desempleo y por eso en diciembre pasado el gobierno abrió un período de consultas con sindicatos, organizaciones empresariales, entidades que agrupan a los emigrantes y otras para tratar de frenar con rigor la llegada de inmigrantes ilegales y facilitar la expulsión de los "sin papeles". En España, el 12% de la población, más de 4,5 millones de personas, son inmigrantes. La tasa del desempleo entre los extranjeros supera 28% y en el país alcanza 17,4%, según el Instituto Nacional de Estadística.
La extensión del período de retención de los llamados "ilegales" en veinte días (de 40 a 60 días) ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes.

Las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

Lo bueno de la nueva norma es que el texto prevé la concesión de permisos de residencia y trabajo a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista, para que no tengan miedo a denunciar a sus agresores. Además, permitirá la reagrupación de la pareja de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio.

Asimismo, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

Según Amnistía Internacional (AI) y asociaciones que defiende a los inmigrantes, se trata de una iniciativa que "recorta" los derechos y que va "en la línea de endurecimiento" que el Ejecutivo de Zapatero está aplicando en esta legislación.

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